Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi

La audiencia pública internacional, con el tema: Derecho a la justicia indígena, se realizó el 28 de febrero de 2024 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, intervino Leonidas Iza Salazar, presidente de la Conaie Ecuador, Alex Toapanta, presidente del MICC, junto a su equipo jurídico.

El objetivo de la audiencia fue denunciar la vulneración y criminalización que enfrenta la aplicación de la justicia indígena en Ecuador por parte del Estado ecuatoriano.

En este sentido el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi – MICC trabaja en el marco del Proyecto “Fomento de una cultura de paz y democracia a través del fortalecimiento de la Justicia Indígena en el Ecuador”, con el apoyo de la Unión Europea y Manos Unidas de España.

Los representantes indígenas expusieron que la justicia indígena es una forma de garantizar la seguridad, el orden y el ahorro de recursos en sus territorios, frente a la ineficacia y la corrupción del sistema de justicia ordinario.

Sin embargo, este recurso de autodefensa y justicia propia enfrenta obstáculos significativos, como la persecución de las autoridades comunitarias por parte de la fiscalía y los jueces, la estigmatización y la acusación de terrorismo por parte de las autoridades gubernamentales, y el desconocimiento de los derechos colectivos y la autodeterminación de los pueblos indígenas.

Los líderes indígenas manifestaron su preocupación por el Decreto 111 del conflicto interno armado, que determina que las nuevas amenazas para la seguridad del Estado y el monopolio de la fuerza se encuentran también en «grupos tribales», lo que podría implicar a las comunidades indígenas, según la declaración de la OIT y de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas y tribales.

Los líderes indígenas solicitaron que se respeten sus derechos colectivos y su autodeterminación como pueblos indígenas, que se reconozca y se fortalezca la justicia indígena como una forma de garantizar la seguridad, el orden y el bienestar de sus comunidades.

Asimismo, pidieron a la CIDH que promueva un espacio de diálogo entre Estados y sociedad civil en el ámbito interamericano para discutir estrategias de protección y fortalecimiento del ejercicio de los sistemas de justicia propio de los pueblos indígenas.