Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi

En el marco del Proyecto de Justicia Indígena “Fomento de una Cultura de Paz y Democracia a través del fortalecimiento de la justicia indígena” se afirma la importancia de construir escenarios de diálogos interculturales que aporten en la construcción de un verdadero Estado plurinacional e intercultural. Bajo esta convicción, se desarrolló el Primer “Evento clave para vivenciar los derechos colectivos en las comunidades” para crear espacios de vivencia y convivencia entre representantes del mundo comunitario, académico, de las ONG´s y de las autoridades para compartir inquietudes, experiencias y expectativas generadas en el ámbito comunitario con respecto a aspectos tales como la justicia, el derecho, la violencia, la interculturalidad y la necesidad de dar vigencia a las disposiciones constitucionales sobre el Estado plurinacional y los derechos colectivos.

En el marco del Proyecto de Justicia Indígena “Fomento de una Cultura de Paz y Democracia a través del fortalecimiento de la justicia indígena” se afirma la importancia de construir escenarios de diálogos interculturales que aporten en la construcción de un verdadero Estado plurinacional e intercultural. Bajo esta convicción, se desarrolla la actividad “Eventos clave para vivenciar los derechos colectivos en las comunidades” (A.2.3.2.1.) que busca crear espacios de vivencia y convivencia entre representantes del mundo comunitario, académico y de las autoridades para compartir inquietudes, experiencias y expectativas generadas en el ámbito comunitario con respecto a aspectos tales como la justicia, el derecho, la violencia, la interculturalidad y la necesidad de dar vigencia a las disposiciones constitucionales sobre el Estado plurinacional y los derechos colectivos.

Un asunto preocupante que derivó de la Jornada de seguimiento a las acciones para la protección de páramos, bosques y fuentes de agua desde la justicia indígena realizada el miércoles 07 de diciembre de 2022 fue la avanzada de las corporaciones multinacionales dedicadas a la extracción de los recursos naturales en los territorios de pueblos y nacionalidades inobservando los derechos colectivos, especialmente el derecho a la consulta previa, libre e informada.

En el Ecuador los últimos años ha existido un creciente aumento de conflictos ambientales y sociales, los cuales se definen como las contradicciones económicas, ecológicas y culturales asociados con el acceso desigual a los recursos naturales entre las comunidades indígenas locales y la expansión de la industria extractivista y su impacto sobre la naturaleza.

El evento propuesto busca trabajar a través de exposiciones y mesas de trabajo un análisis del contexto nacional que enfrentan los sujetos de derechos colectivos para la defensa de sus derechos constitucionales frente a las industrias extractivas y, a la par, evaluar la política pública del gobierno nacional en este sector, con énfasis en aquellos decretos presidenciales que -por declaración del  propio ejecutivo- pretenderían la militarización de los territorios que catalogan conflictivos para el desarrollo de los proyectos mineros. El espíritu del encuentro es preservar el principio del diálogo aún en contexto adversos como el periodo pos mesas de diálogo con el gobierno.

Fecha: jueves 12 de enero de 2023

Lugar: Sede Social del MICC, cantón  Latacunga, provincia de Cotopaxi.

Objetivos

• Realizar una evaluación nacional de los conflictos en torno a los derechos colectivos ligados al territorio.
• Desarrollar una estrategia nacional para la defensa de los derechos colectivos a través de los propios derechos colectivos como la consulta previa, la comunicación comunitaria y la justicia indígena.
• Construir una estrategia de comunicación comunitaria que permita democratizar los discursos sobre el territorio, en particular en contextos de intervención con fines de aprovechamiento de los recursos naturales.

Población beneficiaria

Asistieron 450 personas: 257 hombres y 193 mujeres. Del total de asistentes, 227 personas (el 50%) eran jóvenes de hasta 30 años pertenecientes a 88 organizaciones, comunidades, comunas, recintos, pueblos y nacionalidades: BUPROE, Irubi APT Norte, Intag APT Norte, Naoqui, Unión de Recintos y Comunas de Las Pampas, Asociación Shuar Bomboiza, UNOCIZ, Unión de Recintos de Las Naves, OPIJJ, PAKIRU, Nakian, CONAIE, MICC, Pueblo Shuar Arutam, Nacionalidad A´i Cofán, Colectivo de Defensa del Agua de Calvas, Frente de Defensa de las Fuentes Hídricas de La Florida, Comuna Redondo Loma, COFENIAE, UOCP-La Maná, FOIN, Pallamukuy, Zamaskijat, FENASH-P, Comuna San Isidro, UNOCANC, COVICA, PSHA, Juntas de Defensa del Campesinado de Los Ríos, PSMA, REDCONE, FECCME, Comuna Chami, Junta de Defensa del Campesinado de Quimsa Loma, Recinto La Carmela, Recinto Puerto Pechiche, UPCCC, ECUARUNARI, FSC Monte Olivo, Colectivo de Defensa de la Vida Oña, FICI, PKO, Colectivo de Defensa de la Vida Cerro del Mozo, UOPIC-P, UCCICLA, Organización 10 de Julio, UORCIZCA, COCIC-CH, Asamblea de los Pueblos del Sur, FICSH, FECOS, MIT, Comuna Marcos Pérez de Castilla, Unión de Comunidades Indígenas del Azuay, Consejo de Ayllus de Saraguro, Comité de defensa del Agua y la Vida de Yacuambi, CITIGAT, PID, Pueblo Kitu Kara, Colectivo de Defensa del Agua de Loja, Comuna Shamato, Comunidad de Tzawata Ila Chukapi, Pueblo Originario de la Nacionalidad Kichwa del Cantón Santa Clara, Pueblo Kichwa de Rukullakta, Pueblo Originario de Pakayaku, Comunidad Sinangoe, PONAKICSC, Unión de Recintos y Comunas de Pangua, Pueblo Pasto, Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Kichwa-Saraguro Corpukis, FNA, APS, FICSH, NASHE, Centro Shuar Ayantas, Colectivo de Defensa del Kutukú, Comunidad Indígena Cascomi, Cabildo de Comunas Shiña, OWAP, Recinto Marianita de Jesús, LLaktakunka, Organización Unión, Justicia y Libertad, COPROPAP, F. Alianza Ceibo, VIE, Colectivo Piatúa Resiste, Juntas de Agua Potable Moraspungo, Recinto Calope Garrido y Comuna Pichikra.

Participaron en el evento 23 entidades desde las organizaciones no gubernamentales vinculadas a la problemática en cuestión: GTGV, SAL, AF, RENAPE, Quito Sin Minería, REPAMEC, Napo Ama La Vida, UAPLB, Awama colectiva, Red de Jóvenes del Chocó Andino, Colectivo de Geografía Crítica, Acción Ecológica, Yasunidos, Colectivo Ciudadano Unidos por la Defensa del Agua y la Vida de Gonzanamá, Frente de Resistencia de San Luis de Pambil, Colectivo del Agua y la Vida de Gualel, Frente de Defensa de la Vida, el Agua y la Naturaleza de Caluma, Frente de Resistencia de Telimbela, Comité de defensa de la Vida del Cantón Calvas, Frente Ciudadano en Defensa Río Gala y fuentes hídricas del Cantón Camilo Ponce Enríquez, Frente de defensa del agua y la vida Yaku Supay, Colectivo de Defensa de la Vida de El Chical y Organización Atagry. Se presentaron representantes de 5 instituciones del sector públicos, sobre todo de gobiernos locales: GADP de Cuellaje, GADP Las Pampas, GADP Molleturo, GADP Zumbahua y CPCCS. También, contamos con la presencia de representantes académicos y estudiantiles de las cinco universidades: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, ESPE, Universidad Andina Simón Bolívar, UPS y Universidad Central del Ecuador.

Se logró la confluencia de 33 medios de comunicación alternativa, comunitaria y popular: Kipa Radio, Wambra Medio Comunitario, AAFF, Radio Panamericana, CORAPE, Medio Comunitario Brujeres Al Aire, Runa Stereo Radio y TV, La voz de la CONFENIAE, Radio Chasky Stereo, El Montubio de Pangua, Radio CONAIE, Radio FNA, Comunicación ECUARUNARI, Radio Chaguarurco, Infórmate Pueblo, Radio La Voz de Cascadas, Medio Digital Corazón Bolivarense, Radio Chachi, Comunicación Cáritas, Red Kapari, Comunálisis, Colectivo Chucuris, Indymedia Ecuador, Radio Namá Digital, Radio MICC, TV MICC; Colectivo Audiovisual Polvo y Ceniza, Apak TV, Voz de la NAE, Mirror of the Mentain, Resistencia Naveña, Radio Cultura, Comunicación MOTM.

Desarrollo del evento

El evento inició con el saludo de las delegaciones presentes y las primeras dos disertaciones. La primera sintetizó sobre los resultados obtenidos por las organizaciones indígenas en las mesas de diálogo, particularmente en torno a los derechos colectivos y el territorio. La segunda se refirió a los conflictos territoriales, su contexto y actores involucrados. Luego, se conformaron tres mesas de trabajo: i) – comunicación comunitaria; ii) mecanismos de coordinación para los territorios con conflicto; y iii) estrategia nacional para la defensa de los derechos colectivos y del territorio.

Dimensiones de los problemas territoriales y vulneración de los derechos colectivos

De acuerdo al recuento territorial realizado por las y los asistentes, las relaciones entre los sujetos comunitarios y las empresas extractivas, sobre todo mineras, tienen al momento 20 focos de conflictividad social y ambiental entre los 35 principales proyectos extractivos donde las comunidades y demás organizaciones de pueblos y nacionalidades que se autodenominan defensoras y defensores de la vida generan procesos de resistencia desde hace varias décadas. En la actualidad, el anuncio del gobierno de reaperturar el catastro minero genera dudas y posibles escenarios de exacerbación de los conflictos sociales, ambientales y políticos del país, más aún cuando se incumplió el punto 5 del Acuerdo para la Paz entre el Gobierno y las Organizaciones Indígenas del 30 de junio de 2022, donde se había estipulado que el Decreto Ejecutivo 151 sería reformado. Aquel Decreto establece el Plan de acción para el sector minero del Ecuador.

Las y los asistentes manifestaron que uno de los problemas es que las concesiones mineras se superponen a las áreas protegidas, áreas intangibles, territorios ancestrales, zonas arqueológicas, áreas de protección hídrica y centros urbanos donde residen los pueblos y nacionalidades. Pero, dimensionar el problema es complejo por la falta de información.

Foto: Aspecto de las mesas de trabajo

Derecho a la información para una consulta previa, libre e informada

El derecho a la Consulta Previa para pueblos indígenas reconocido en la Constitución del 2008 (artículo 57.7) no es respetado en la casi totalidad de las concesiones de minería metálica vigentes. Para obtener los permisos ambientales y de agua el MAATE no exige el respeto del derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada. Por último se presentan varias denuncias de militarización de los territorios en los casos de Warintz, Nankintz, Tenimbela, Nabón, Gualel, entre otros, sumado a la militarización de once territorios más a través del del Plan de Seguridad Minera que declaran a las concesiones como Áreas Reservadas de Seguridad.

Foto: Aspecto de las mesas de trabajo

Propuestas frente a la vulneración de los derechos colectivos

Para la elaboración de las propuestas se motivó a que las organizaciones, dirigentes y miembros de base no abandonen el espíritu de diálogo y paz, agotando todas las instancias existentes para evitar exacerbar el conflicto.

PRIMERO: Defender el derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada

Mientras se procede con los mecanismos jurídicos para conseguir este objetivo es importante incidir en los medios de comunicación masivos del país, públicos y privados, para generar espacios de debate sobre el proyecto minero en el Ecuador.

SEGUNDO: Reiterar la exigencia de transparencia en el acceso a información bases de datos y cartografía

Mientras se cumplen estos requerimientos es importante desarrollar un proceso de sistematización y mapeo de todos los impactos socio ambientales y jurídicos y posibles violaciones a derechos perpetrados por el Estado y las empresas mineras en los diversos territorios. Los resultados serán la base para el desarrollo de procesos de denuncia y litigio estratégico en todas las instancias.

TERCERO: moratoria de las actividades mineras de exploración y explotación

En paralelo a estas exigencias, en el nivel comunitario mediante la práctica de justicia indígena se puede avanzar en la prohibición de la negociación personal de comuneros y dirigentes con las empresas mineras estableciendo estrictas sanciones al respecto.

CUARTO: reparación integral de pasivos ambientales y afectaciones sociales

QUINTO: desarrollar Áreas de Protección Hídrica (APH):

Avanzar en paralelo para conformar Áreas de Protección Hídrica mediante sentencias de justicia indígena con la asesoría del movimiento indígena.

Foto: Aspecto de las mesas de trabajo