Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi

El Proyecto de Justicia Indígena “Fomento de una Cultura de Paz y Democracia a través del fortalecimiento de la justicia indígena” en su actividad para el “Fortalecimiento de los Gobiernos Comunitarios de Cotopaxi y creación de Mesa de Resolución de Conflictos” ayuda a sistematizar los casos de conflicto, que no encuentren una solución viable, entre Justicia Indígena y Justicia Ordinaria y otros entes administrativos del Estado. El taller, inserto buscó profundizar en el contexto dentro del cual actúa el Centro Mediación Intercultural en temas como violencia intrafamiliar, conflictos organizativos, tierras, aguas, bosques y páramos.

Objetivos

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• Fortalecer las capacidades del movimiento indígena y su estructura organizativa, con especial enfoque en los derechos y empoderamiento de las mujeres indígenas y mestizas.

Taller N° 1

Fecha: miércoles, 09 de junio de 2021

Lugar: Sede de la Organización de los Pueblos Indígenas de Jatun Juigua (OPIJJ), cantón Pujlí, provincia de Cotopaxi.

Se contó cincuenta asistentes de las comunidades de base de la Organización de Segundo Grado Organización de los Pueblos Indígenas de Jatun Juigua (OPIJJ), 18 mujeres y 32 hombres.

Foto: Detalle de la Mesa Directiva durante el Taller

Los llakikuna más recurrentes se resuelven con suficiencia. Entre los casos más corrientes se encuentran asuntos sobre linderos de tierras entre miembros de la comunidad; conflictos familiares especialmente relacionados con violencia intrafamiliar, paternidad responsable e infidelidades; contravenciones de orden civil y penal especialmente robos de ganado y animales menores, así como lesiones producto de pequeñas riñas en el contexto de fiestas y actividades sociales. Con la resolución de casos de justicia indígena las autoridades comunitarias aumentan su legitimidad. Se constata que el respeto de la jurisdicción de la justicia indígena, evidenciado en el respeto a las sentencias emanadas desde este sistema, es desigual entre las comunidades. No obstante, en general, las personas involucradas se ajustan a lo resuelto.

La consumación de delitos más graves es poco frecuente y se refieren, sobre todo a accidentes de tránsito que ocasionaron lesiones graves o rencillas que condujeron a decesos. En estos casos existen más conflictos con la Justicia Ordinaria y varios casos de persecución a las y los operadoras de justicia indígena, ligados a acusaciones como secuestro, incitación a la discordia, tráfico de tierras y ocupación, entre otras. Las principales limitaciones se relacionan al conocimiento sobre el debido proceso, siendo muy recurrentes las faltas en la elaboración de actas que, en ocasiones, son bastante rudimentarias o en la debida convocatoria de una de las partes a las audiencias para no incurrir en delitos como, v. g., el secuestro. La criminalización de estos casos produce temor en la aplicación de justicia indígena y, de acuerdo a algunos testimonios, inhibieron el uso de justicia indígena en las comunidades en los llakikuna más complejos.

Un macro conflicto dentro los territorios comunitarios que tiene gran relevancia, suscitando gran interés entre las y los asistentes al taller, es el caso del Área de Protección Hídrica (APH) de San Isidro. A través de una sentencia comunitaria, validada por el Ministerio del Ambiente, se consiguió el reconocimiento legal de un área de conservación de los páramos que fungen como reservas hídricas que está bajo la responsabilidad colectiva de la comunidad. El hecho marca un hito no solo en la justicia indígena, también jurisprudencia del país y, en un sentido más amplio, en los marcos normativos para la gestión y conservación de los bienes comunes. Además, el caso marca un buen precedente en los mecanismos de coordinación entre justicia indígena y otros entes administrativos del Estado por el reconocimiento de lo actuado por la comunidad en términos de fondo, forma y derecho.

Foto: Almuerzo para reponer fuerzas

Taller N° 2

Fecha: sábado, 17 de julio de 2021

Lugar: Canchas del Recinto Guayacanes de la parroquia Tingo La Esperanza, cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi.

Se contó sesenta asistentes de las comunidades de base de la Organización de Segundo Grado Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Tingo La Esperanza (UNOCITE), 29 mujeres y 31 hombres.

Foto: Presentación del Proyecto

Los datos proporcionados por las y los asistentes permitieron que se puedan clarificar dos tipos procesos para el ejercicio de la justicia a nivel de recintos y comunidades en el subtrópico de la provincia de Cotopaxi.

El primer caso se circunscribe a las comunidades adscritas al MICC que se autodefinen como indígenas o como descendientes del Pueblo Kichwa Panzaleo y, por ende, cuentan con el reconocimiento constitucional para el ejercicio de la justicia indígena. Estos casos se presentan en las zonas del subtrópico de Sigchos y Pujilí, también en las zonas más cercanas al altiplano del cantón La Maná y Pangua. De acuerdo a los testimonios sobre el procedimiento para justicia indígena en estas áreas, la práctica y menos aún la noción del debido proceso es casi inexistente. Esta situación conduce a casos fuertes de criminalización por parte de la Justicia Ordinaria, especialmente, cuando una de las partes está inconforme con los acuerdos.

El segundo caso tiene gran incidencia en los recintos del subtrópico no adscritas al Movimiento Indígena una degradación de estos mecanismos de justicia comunitaria que no es reconocida por el Estado, en la medida que no existe un autorreconocimiento como comunidades, pueblos y nacionalidades. Aquí, los casos más frecuentes son similares a la justicia indígena con asuntos sobre linderos de tierras entre miembros de la comunidad; conflictos familiares especialmente relacionados con violencia intrafamiliar, paternidad responsable e infidelidades; contravenciones de orden civil y penal especialmente robos de ganado y animales menores, así como lesiones producto de pequeñas riñas en el contexto de fiestas y actividades sociales. Esta situación conduce a casos fuertes de criminalización. Sin embargo, de forma análoga al primer caso, el Estado (a través de la justicia ordinaria) carece de presencia en estos sectores y ni siquiera los jueces de paz adscritos al Consejo de la Judicatura consiguen resolver esto dadas las complejidades propias del contexto cultural.

Por tanto, una preocupación importante de los dirigentes es el sostenimiento de la autoridad comunitaria legítima para evitar el surgimiento de justicieros que van de comunidad en comunidad generando sentencias sin la valía de la autoridad pertinente y, con frecuencia, cobrando por “sus servicios”. El problema es que tal procedimiento crea organismos que fungen como entes privados, como, v. g., la Corte Nacional de Justicia Indígena impulsada entre rondas campesinas y montubios, que derivan en la arbitrariedad y lejos de sostener la identidad y procesos socio organizativos de los pueblos y nacionalidades termina socavándolos. Otro caso también encontramos con el denominado “Centro de Mediación” que es una iniciativa impulsada por abogados de la provincia de Cotopaxi para intervenir en la justicia indígena.

Finalmente, un asunto relevante tratado en la reunión fue poner en conocimiento de la comunidad sobre las actividades extractivistas que se desarrollan en las zonas de recarga hídrica, tales como los páramos en el cantón Sigchos. Tras una breve discusión sobre las externalidades negativas las mujeres hablaron sobre su preocupación en torno a sus derechos por la amenaza de la minería hacia el territorio de la comunidad sobre todo por la disponibilidad del agua, así como la contaminación y las dificultades para la producción en la chacra como consecuencia del impacto ambiental.

Foto: Intervención de dirigentes locales